Garantizar la integridad, la resiliencia y el acceso a la justicia de las mujeres indígenas en tiempos de pandemia en Guatemala

Noticias | Publicado: 06 de julio de 2020

Mientras que las infecciones y muertes relacionadas con el COVID-19 están disminuyendo actualmente en la mayor parte del mundo, América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en las últimas semanas. Se han registrado más de dos millones de casos de coronavirus y más de 100.000 personas han muerto en América Latina.

Continúa la propagación de COVID-19 en Guatemala

Desde que se identificó el primer caso de coronavirus el 13 de marzo, el número de casos confirmados ha aumentado a 23,248 y el número de muertes a 947 en Guatemala, cifras que probablemente subestiman la magnitud de la situación, ya que no todas las personas con síntomas pueden someterse a pruebas.

A partir del 22 de marzo, el Presidente de Guatemala ordenó la adopción de medidas estrictas para limitar la propagación del virus: cierre de las fronteras exteriores, regionales y municipales, suspensión de las actividades económicas no esenciales y del transporte público, prohibición de las reuniones, multas para quienes no lleven máscaras en los lugares públicos o no respeten el distanciamiento social, y un estricto toque de queda de las 6 PM a las 5 AM.

Sin embargo, los casos de COVID-19 siguen multiplicándose, lo que supone una carga para el ya frágil sistema de salud de Guatemala y agrava las dificultades de subsistencia de la población.

Las mujeres indígenas se ven más afectadas por las medidas preventivas

Las mujeres indígenas se ven particularmente afectadas por los efectos de las medidas de prevención del COVID-19. Éstas ponen en peligro su integridad, su capacidad de actuar y su acceso a servicios de justicia de calidad.

"La actual pandemia nos está afectando mucho. Afecta nuestro trabajo y nuestros ingresos. El trabajo que realizo como ama de casa no me permite ganar mucho dinero, pero desde la llegada de la COVID, ya no puedo mantener a mis hijos que van a la escuela", explica una mujer maya kaqchikel de la municipalidad de Sololá.

La suspensión del transporte público ha hecho prácticamente imposible que las mujeres indígenas, que viven en su mayoría en zonas rurales remotas, se desplacen para vender los productos que producen. Sus ingresos, que ya eran muy bajos antes de la pandemia, se han visto así considerablemente afectados o incluso eliminados. Muchas familias se encuentran ahora en una situación de inseguridad alimentaria agravada. Nuestras organizaciones socias, cuyas actividades económicas apoyan a las mujeres vulnerables, víctimas o supervivientes de la violencia sexual por motivos de género, también han visto su producción y sus ingresos disminuir considerablemente.

Desde el comienzo del confinamiento, se ha observado un aumento del número de casos de violencia contra la mujer en todo el país. Esta tendencia puede explicarse por las medidas de contención y la desaceleración económica, que obligan a los miembros de una misma familia a coexistir, en un contexto en el que las tensiones familiares y la frustración de los hombres se intensifican debido a las dificultades para satisfacer las necesidades básicas.

La suspensión del transporte público y el alto costo de los medios de transporte privados limitan seriamente el acceso de las mujeres víctimas o supervivientes de la violencia sexual a los servicios de denuncia y apoyo de los que suelen disponer. Por lo tanto, muchas mujeres deben conformarse con los servicios de apoyo telefónico a distancia que ofrecen las organizaciones asociadas, las autoridades comunitarias y los funcionarios de justicia. Pero algunas de estas mujeres no tienen acceso a un teléfono.

Por último, la falta de acceso a equipo de protección y a los mensajes de concienciación destinados a limitar la propagación del coronavirus, así como la necesidad de salir de casa para intentar ganar dinero, hace que las personas indígenas corran un riesgo especial de contraer el COVID-19, al mismo tiempo que están muy alejadas de los servicios de salud.

Responder a los problemas de manera inmediata y sostenible

Para hacer frente a esta situación y seguir mejorando el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas indígenas, el equipo del proyecto Derechos y Justicia para las Mujeres y Niñas Indígenas de Guatemala (DEMUJERES), que el CECI está implementando con Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC), ha adaptado sus actividades en los tres departamentos en los que opera: Chimaltenango, Alta Verapaz y Sololá.

Durante el mes de junio se prestó asistencia alimentaria de emergencia a las mujeres y niñas indígenas supervivientes de la violencia de género, a sus familias y a otras mujeres en situación vulnerable para ayudarlas a satisfacer sus necesidades alimentarias inmediatas. Además, se les proporcionan semillas locales para establecer huertos caseros que les permitan mejorar la seguridad alimentaria de sus familias de manera sostenible.

"Estoy feliz por la ayuda que recibí y agradezco a la municipalidad indígena y al CECI por su apoyo, el cual es muy valioso", dice una mujer maya kaqchikel de la municipalidad de Sololá, quien recibió ayuda alimentaria de urgencia.

Se proporcionó equipo de protección para evitar la propagación del virus (guantes, gel desinfectante, máscaras, etc.) al personal de las organizaciones asociadas al proyecto, las autoridades, los dirigentes indígenas y comunitarios y las entidades de justicia que se ocupan de los casos de violencia sexual basada en el género. El proyecto también apoya la producción y comercialización de materiales sanitarios por parte de las organizaciones asociadas. Estas organizaciones trabajan con mujeres y niñas indígenas que son vulnerables o que han sufrido violencia, para apoyar el establecimiento de actividades productivas que les permitan generar ingresos.

Se han reforzado las acciones de comunicación para prevenir el contagio y la violencia sexual basada en el género, y para promover los derechos de la mujer en el contexto de la pandemia. Se han elaborado mensajes en diferentes lenguas mayas que se están difundiendo de manera coordinada en las zonas rurales y a nivel nacional por medio de la radio comunitaria y las redes sociales. La comunicación también es fundamental para garantizar que las mujeres y niñas indígenas que son víctimas o supervivientes tengan acceso a los servicios psicológicos y jurídicos a los que tienen derecho. Las organizaciones asociadas al proyecto han aumentado su apoyo a esas mujeres ayudándolas a acceder a los servicios a distancia, por teléfono o por Internet.

En algunos casos, el proyecto también apoya a sus organizaciones socias locales para que cubran los gastos de transporte de las mujeres y niñas indígenas que necesitan viajar para denunciar casos de violencia, hacer una declaración, recibir apoyo psicológico, etc.

Durante al menos los próximos seis meses, el proyecto DEMUJERES seguirá prestando apoyo específico a las mujeres y niñas indígenas para contrarrestar los efectos más adversos de la pandemia en su bienestar y en la capacidad de ejercer sus derechos.


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El proyecto DEMUJERES se lleva a cabo con Abogados sin Fronteras de Canadá (ASFC) y cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través del Ministerio de Asuntos Mundiales Canadá

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